Para leer este comunicado en español, haga clic aquí.

RALEIGH (April 20, 2022) – In March, Legal Aid of North Carolina and the North Carolina Justice Center assisted ten migrant farmworkers in obtaining court approval for the final settlement in their human trafficking case. The ten agricultural workers were employed through the federal H2A visa program. They filed the complaint against the labor contractor and the growers for whom they worked, alleging that the contractor enticed the workers to pay large recruitment fees for the opportunity to work lawfully in the United States for his farm labor contracting business. The workers arrived in North Carolina to find little available work and substandard living conditions.

Because the ten named Plaintiffs brought this lawsuit under the Fair Labor Standards Act, other similarly situated workers were able to opt in and join the lawsuit after it was filed. With the help of the Consulate General of Mexico in Raleigh and the Mexican Secretary of Foreign Relations, 40 other workers who had worked for the Defendants learned of the lawsuit and elected to join as opt-in Plaintiffs.

The Plaintiffs previously resolved their claims against two other grower defendants in the case, Cottle Farms, Inc., and Winzeler Farms, LLC. The March settlement requires the remaining Defendants—labor contractor Francisco Valadez, Jr. and his company Francisco Valadez, Jr. LLC, and North Carolina agricultural operations Goldsboro Milling Co., Inc. (formerly Sleepy Creek Farms, Inc.) and GMC Legacy, LLC (formerly Goldsboro Milling Co.)—to pay a total of $120,000 to the ten named Plaintiffs and the 40 opt-in Plaintiffs for their alleged unpaid wages and for damages under the Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (TVPRA). It also requires them to pay the Plaintiffs’ attorneys’ fees and costs and make extensive changes to the way they do business in the future.

Plaintiff José Rolando Moshan-Martinez noted, “This settlement is a big moment. It is a signal to all of the H-2A workers who come to North Carolina to work and who may be scared, a signal that they do have rights and power to do big things when companies are violating their rights.”

The Plaintiffs alleged that they and hundreds of others recruited by Valadez and his company in 2018 arrived in debt because of the visa costs, travel costs, and illegally charged recruitment fees they had incurred in Mexico. They further alleged they were not reimbursed for these costs, violating federal and state law. In the complaint, the Plaintiffs described various uninhabitable and dangerous housing conditions: for several days, some workers were housed in a parked bus and then outdoors, and others were housed in decrepit labor camps with soiled mattresses, snakes in the barracks, and no hot water. The Plaintiffs alleged that one labor camp was padlocked shut, preventing workers’ easy entry and exit. In addition, the housing was located in remote rural areas with limited to no cell phone signal. The Plaintiffs described threats of serious harm to compel their work in the blueberry fields and further threats from the Valadez Defendants’ agents in North Carolina and Mexico after their escape.

In addition to the financial disbursement, the Defendants must comply with a number of provisions ordered in consent decrees entered by U.S. District Judge Louise Flanagan. The Valadez Defendants may not employ H-2A workers for three years, may not possess or control any workers’ passports, and must comply with federal payroll recordkeeping requirements. Grower Defendants will be required to pre-pay costs associated with bringing H-2A workers to the state and must comply with reporting, payroll, and licensing requirements. Goldsboro Milling must take steps to improve Wi-Fi availability in their labor camps. All Defendants must post signs in their labor camps in Spanish and English, reinforcing the rights of housing occupants to have visitors. They must post additional signage published by the North Carolina Human Trafficking Commission advising workers of emergency resources. Grower Defendants may no longer lock the gate to their labor camp when occupants are inside.

North Carolina Justice Center Senior Attorney and co-counsel Carol Brooke applauded their clients’ bravery and persistence in fighting to improve working conditions for other North Carolina migrant farmworkers.

“Nearly four years after our clients arrived in North Carolina to appalling living and working conditions, it is gratifying to finally resolve their claims in a way that will help protect other farmworkers from future human trafficking and minimum-wage violations,” said Brooke.

La División para los Trabajadores Agrícolas de Ayuda Legal de Carolina del Norte y el Centro de Justicia de Carolina del Norte llegan a un acuerdo con empleadores agrícolas en un caso de trata de personas

RALEIGH (20 de abril de 2022) – En marzo, Ayuda Legal de Carolina del Norte y el Centro de Justicia de Carolina del Norte asistieron  a diez trabajadores agrícolas migrantes a obtener la aprobación judicial del acuerdo final en su caso legal de trata de personas. Los diez trabajadores agrícolas fueron empleados por el programa federal de visa H2A. Ellos presentaron la demanda contra el contratista laboral y los agricultores para quienes trabajaban, alegando que el contratista incitó a los trabajadores a pagar altas tarifas de contratación para la oportunidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos para su negocio de contratación de mano de obra agrícola. Los trabajadores llegaron a Carolina del Norte para encontrar poco trabajo disponible y condiciones de vivienda deficientes.

Debido a que los diez Demandantes nombrados presentaron esta demanda bajo la Ley de Normas Justas del Trabajo (“Fair Labor Standards Act” en inglés), otros trabajadores en situaciones similares pudieron optar por participar y unirse a la demanda después de que se presentó. Con la ayuda del Consulado General de México en Raleigh y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, otros 40 trabajadores que habían trabajado para los Demandados se enteraron de la demanda y eligieron unirse como miembros de la acción colectiva.

Los Demandantes resolvieron previamente sus reclamos contra otros dos agricultores demandados en el caso, Cottle Farms, Inc., y Winzeler Farms, LLC. El acuerdo de marzo requiere que los Demandados restantes, que son el contratista laboral Francisco Valadez, Jr. y su empresa Francisco Valadez, Jr. LLC, y las operaciones agrícolas de Carolina del Norte Goldsboro Milling Co., Inc. (anteriormente Sleepy Creek Farms, Inc.) y GMC Legacy, LLC (anteriormente Goldsboro Milling Co.), paguen un total de $120,000 a los diez Demandantes nombrados y a los 40 Demandantes optativos por sus alegados salarios no pagados y por daños y perjuicios bajo la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA, por sus siglas en inglés). También les obliga pagar los honorarios y costos de los abogados de los Demandantes y realizar cambios importantes en la forma en que hacen negocios en el futuro.

El demandante José Rolando Moshan Martínez señaló: “Este acuerdo es un gran momento. Es una señal para todos los trabajadores H2A que vienen a trabajar a Carolina del Norte que pueden estar asustados, de que tienen derechos y poder para hacer grandes cosas cuando las empresas violan sus derechos”.

Los Demandantes alegaron que ellos y cientos de otros reclutados por Valadez y su compañía en 2018 llegaron endeudados debido a las tarifas de contratación cobradas ilegalmente, los costos de la visa y los costos que habían incurrido en México. Además, alegaron que no recibieron reembolsos por estos costos, en contra de la ley federal y estatal. En la denuncia, los Demandantes describieron varias condiciones de vivienda inhabitables y peligrosas: durante varios días, algunos trabajadores vivieron en un autobús estacionado y luego al aire libre, y otros vivieron en campamentos de trabajo decrépitos con colchones sucios, con serpientes en las habitaciones y sin agua caliente. Los Demandantes alegaron que un campo de trabajo estaba cerrado con candado, lo que impedía la entrada y salida fácil de los trabajadores. Además, las viviendas se encontraron en áreas rurales remotas con acceso limitado o nulo a señal para teléfonos celulares. Los Demandantes describieron amenazas de daños graves con el fin de obligarlos a trabajar en los campos de arándanos y más amenazas de los agentes de los Demandados Valadez en Carolina del Norte y en México después de que huyeron.

Además del desembolso financiero, los Demandados deben cumplir con una serie de disposiciones ordenadas en los decretos de consentimiento aceptados por la Juez de Distrito Federal Louise Flanagan. Los Demandados de Valadez no pueden emplear trabajadores H-2A durante tres años, no pueden poseer ni controlar los pasaportes de ningún trabajador y deben cumplir con los requisitos federales de mantenimiento de registros de nómina. Los Demandados Agricultores deben pagar por adelantado los costos asociados con traer trabajadores H-2A al estado y deben cumplir con los requisitos de informes, nómina y licencias. Goldsboro Milling debe tomar medidas para mejorar la disponibilidad de Wi-Fi en sus campos de trabajo. Todos los Demandados deben colocar letreros en sus campos de trabajo en español e inglés, reforzando los derechos de los ocupantes de estas viviendas a recibir visitas. Deben colocar letreros adicionales publicados por la Comisión contra la Trata de Personas de Carolina del Norte (“North Carolina Human Trafficking Commission” en inglés) que informen a los trabajadores sobre recursos de emergencia. Los Demandados Agricultores ya no pueden cerrar con llave la puerta de su campo de trabajo cuando los ocupantes están adentro.

Carol Brooke, una abogada del Centro de Justicia de Carolina del Norte y una abogada del caso, aplaudió la valentía y la persistencia de sus clientes en la lucha para mejorar las condiciones laborales de otros trabajadores agrícolas migrantes de Carolina del Norte.

“Casi cuatro años después de que nuestros clientes llegaron a Carolina del Norte a condiciones de vivienda y de trabajo terribles, es gratificante finalmente resolver sus reclamos de una manera que ayudará a proteger a otros trabajadores agrícolas de la trata de personas y de violaciones del salario mínimo en el futuro,” dijo Brooke.